Bonos verdes y sociales, un sistema de financiación en alza

Texto: Fernando Abad Pascual.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) fue la primera entidad que emitió bonos verdes. Lo hizo en julio de 2007 e iban destinados a financiar proyectos medioambientales contemplados en los Objetivos del Desarrollo del Milenio (Definidos así por las Naciones Unidas en el año 2000), antecesores de los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015).

El ejemplo del BEI se extendió a distintos departamentos del Tesoro, que encontraron en los bonos verdes una alternativa a la deuda pública tradicional y un fin definido: el impacto positivo sobre el medio ambiente.

El caso de España

En el caso de España, la oficina del Tesoro que dirige Carlos San Basilio como Secretario General, comenzó en 2018 a trabajar con bancos de inversión para lanzar una primera emisión pública. Sin embargo, aún no se ha materializado. No prevé hacerlo hasta el segundo semestre de 2021, momento en el que formará parte del ‘club’ de países que se han sumado a la denominada Inversión Sostenible (ESG por sus siglas en inglés: Environmental, social and governance –ambiental, social y de gobernanza).

Al contrario que el Tesoro Público, las empresas privadas sí están recurriendo a este tipo de préstamos en forma de bonos corporativos para financiar o refinanciar inversiones. Las eléctricas son un ejemplo de ello para afrontar sus cambios hacia energías renovables. También lo están haciendo entidades financieras, promotoras inmobiliarias, desarrolladoras de instalaciones fotovoltáicas y compañías de comunicaciones.

Solo en el primer cuatrimestre de este año, estas entidades han emitido cerca de 6.000 millones de euros en bonos verdes, sociales y sostenibles, una cantidad que duplica a la suscrita en el mismo periodo de 2020.

Principios por los que se rigen los Bonos Verdes

Los bonos sostenibles se comportan de la misma manera que los bonos tradicionales con una casuística amplia: renta variable, fija, emitida a descuento… Y están regidos por las normas dictadas por las autoridades económicas y del Tesoro. También por los criterios promulgados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), autora de los Principios de los Bonos Verdes (Green Bond Principles-GBP por sus siglas en inglés).

Estos principios establecen que los bonos sostenibles deben canalizarse a “la financiación de proyectos que contribuyan a la sostenibilidad ambiental” y fijan normas de “transparencia, publicidad y reporte de informes”.

La propia Asociación Internacional de Mercados de Capitales ha establecido qué tipos de proyectos tendrán categoría de ‘verdes’ y grupos de ‘observadores’ de la Asociación velarán por que el fin de la financiación sea realmente el comprometido.

Proyectos a los que van destinados

Los Principios de los Green Bond establecen los siguientes como proyectos a los que irán destinados:

  • Energías renovables (incluyendo producción, transmisión, dispositivos y productos).
  • Eficiencia energética (como edificios nuevos y reformados, almacenamiento de energía, calefacción urbana, redes inteligentes, dispositivos y productos).
  • La prevención y el control de la contaminación: tratamiento de las aguas residuales, reducción de las emisiones atmosféricas, control de los gases de efecto invernadero, descontaminación de los suelos, reducción de residuos. También incluye la transformación eficiente de residuos a energía, los productos de valor añadido provenientes de los residuos y el seguimiento ambiental asociado.
  • Gestión sostenible de los recursos naturales y el uso de la tierra. Agricultura sostenible, cría sostenible de animales y aportes agrícolas inteligentes para el clima. Esto incluye la protección biológica de los cultivos o el riego por goteo, la pesca y la acuicultura. También la actividad forestal sostenible, incluyendo la forestación o reforestación y la conservación o restauración de paisajes naturales.
  • Conservación de la biodiversidad terrestre y acuática (incluyendo la protección de ambientes costeros, marinos y de cuencas)
  • Transporte limpio: eléctrico, híbrido, público, ferroviario, no motorizado, transporte multimodal. Así como infraestructura para vehículos de energía limpia y reducción de emisiones nocivas.
  • Gestión sostenible del agua y de las aguas residuales. Incluye la infraestructura sostenible para el agua potable y limpia y el tratamiento de las aguas residuales. También incluye los sistemas de drenaje urbano sostenible y la capacitación fluvial y otras formas de mitigación de las inundaciones.
  • Adaptación al cambio climático. Sistemas de apoyo a la información, como la observación del clima y los sistemas de alerta temprana.
  • Productos adaptados a la economía ecológica y / o circular, tecnologías y procesos de producción: desarrollo y la introducción de productos respetuosos con el medio ambiente, con una ecoetiqueta o certificación medioambiental, y un embalaje y distribución eficientes con sus recursos.
  • Edificios ecológicos que cumplan con las normas o certificaciones reconocidas regional, nacional o internacionalmente.

Las empresas españolas y los Bonos Verdes

Durante el año 2020, las empresas españolas emitieron 15.025 millones de euros en bonos sostenibles (un 54% más que en 2019). De esta cantidad, 9.400 millones tuvieron consideración de ‘verdes’. Según el Observatorio Español de la Financiación Sostenible (Ofiso), un grupo de trabajo al que pertenecen las principales entidades financieras, administraciones públicas y empresas privadas.

A nivel global, la emisión de bonos verdes alcanzó los 256.000 millones de euros. Esto supone un 13% más que el año anterior. Así, el conjunto de bonos sostenibles captó 614.000 millones de euros, lo que representó un aumento del 29% sobre 2019.